La polémica por la situación del consorcio cobró notoriedad en noviembre, cuando LA GACETA precisó que entre municipios, comunas y hasta reparticiones provinciales mantenían deudas por unos $ 769 millones (sólo la Capital se encuentra al día). Esto puso en jaque la clasificación y la disposición final de la basura que se recoge en el Gran San Miguel de Tucumán. Al punto que, durante dos semanas, los desechos se acumularon en la planta de San Felipe y no fueron enviados al predio de Overo Pozo para su entierro sanitario.

En paralelo, la empresa que presta los servicios al Consorcio, Moviser SRL, reclama atrasos por otros trabajos y obras realizadas que no fueron saldados. Así, entre facturas adicionales por diferencias entre las toneladas recogidas, el alquiler de maquinarias más grandes, pagos fuera de término y la realización de una celda completa en Overo Pozo, la suma ascendería a cerca de $ 1.000 millones. Sin embargo, las idas y vueltas en torno de la gestión de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana son recurrentes.

El consorcio fue creado durante la segunda gestión de José Alperovich y se dispuso que por su población y producción, fuera la Municipalidad de San Miguel de Tucumán la que lo presidiera. Hasta 2009, la competencia en materia de residuos era del Poder Ejecutivo, ya que en 2005 se había aprobado la Ley 7.622. Pero mediante la ley 8.177 el Ejecutivo devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados. Estos deben girar mensualmente los fondos para el funcionamiento y la prestación de los servicios de traslado, separación en San Felipe y disposición final. Esa misma norma los facultó a crear consorcios intermunicipales para la gestión de la basura. En ese marco, y con aprobación de cada Concejo Deliberante, surgió el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.

En julio de 2022, los consejeros de Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Las Talitas, Alderetes y Yerba Buena, habían reclamado de manera formal una serie de precisiones sobre la situación financiera del Consorcio. En esa ocasión, pidieron a Argañaraz (respondía a San Miguel de Tucumán) los balances correspondientes a 2019, 2020 y 2021, por considerar que “la información sobre el desfasaje financiero proporcionada” no resultaba “consistente”.

También solicitaron que se les pusiera a disposición los contratos con las empresas prestadoras y papeles de trabajo de ajustes por fórmula polinómica. “Poner a disposición, en relación a las toneladas excedentes, una proyección en función del promedio de los últimos 12 meses, y no de 13 como se efectúa en el informe puesto a consideración, en el que, además, no se plantea un promedio sino una proyección en base al mes de marzo de 2.022, en el que se produjeron 14.723,40 y por esas toneladas proyectan un pago de $ 21.733.211,48, siendo que el promedio de los últimos 13 meses arroja la cantidad de 11723,28 toneladas, por un importe de $ 17.304.734,20, arrojando una diferencia de $ 4,5 millones aproximadamente”, reza el documento al que accedió LA GACETA.

Finalmente, habían solicitado informes de los últimos tres años y mensuales sobre la cantidad de toneladas recepcionadas en las plantas de San Felipe y Overo Pozo en concepto de vertidos previstos y excedentes. “Se insiste nuevamente sobre la necesidad de contratación de un estudio contable independiente, a los fines de realizar una auditoria externa en forma permanente y la realización de un análisis de costos del Consorcio”, habían reclamado.